Tras detectar bajas fraudulentas, la dirección de la compañía pasa a la acción para cazar a infractores
Paga una media de 500 euros por cada ocho horas de investigación, incluyendo el seguimiento con fotos y videos
Después de amenazar, antes de Navidad, a sindicatos y trabajadores de la empresa de limpieza municipal de Palma (Emaya) con tomar medidas contundentes por el elevado índice de absentismo (12%), el presidente de la compañía y concejal socialista, Ramón Perpinyà, pasa a la acción poniendo detectives privados en la calle para cazar a trabajadores de baja laboral en situación de fraude.
El alto cargo socialista del Ayuntamiento de Palma ha reactivado el contrato firmado en 2020 con una agencia de detectives para que actúe ante indicios fundamentados de incumplimientos laborales, obteniendo información y pruebas concluyentes de las actividades contrarias a la buena fe y diligencia contractual que puedan producirse.
Desde la pasada Navidad, los sindicatos tienen constancia de que hay empleados de baja que han sido vigilados en la puerta de su domicilio por detectives y seguidos cuando han salido de sus casas. Temen que la empresa busque en este arranque del año un castigo ejemplar para el resto de una plantilla de más de 1.300 efectivos que compone la mayor compañía pública del Consistorio palmesano.
El precio por cada jornada de ocho horas de investigación que paga Emaya es de 500 euros e incluye todo el material gráfico del seguimiento, así como videos con los que, posteriormente, la dirección de la compañía basará el expediente sancionador al trabajador por presunta baja fraudulenta. La sanción puede consistir en días de empleo y sueldo o directamente desembocar en el despido del trabajador por falta muy grave.
La contratación de detectives por parte de Emaya no es nueva. La anterior dirección nacionalista de la compañía ya los tuvo a su cargo y procedió al despido de dos trabajadores de baja. Uno de ellos fue cazado dando clases de baile y el otro, ayudando a su pareja en el bar que ésta regentaba en el centro de Palma.
Además de investigar a los barrenderos, el servicio de detectives contratado por Perpinyà también tiene como segunda misión obtener información sobre posibles actos incívicos de incumplimientos de las ordenanzas y normativa en materia de limpieza y vertidos, para poder así denunciar al infractor a las autoridades policiales.
La política de mano dura del presidente de Emaya y concejal socialista en Palma arrancó este mes de diciembre tras la destitución y eliminación de todo el departamento de Recursos Humanos de la compañía, encabezado por su director, Carlos Nadal, y el posterior despido de dos directivas.
Tras la reorganización del mismo, Perpinyà remitió una carta a sindicatos y trabajadores amenazando con despidos al haber detectado bajas fraudulentas, aunque sin concretar nada más al respecto. Ahora los empleados ya conocen que la advertencia iba en serio.
