El fallo de la Audiencia de Valencia considera que la octogenaria no era consciente de lo que firmaba
La Audiencia de Valencia ha condenado a una notaria por dar fe de un testamento de un patrimonio superior a 12 millones de euros de una anciana con ictus que no era consciente de lo que firmaba. El fallo inhabilita a esta funcionaria pública del municipio de Carcaixent durante cinco meses, le multa con 2.200 euros y obliga a la devolución del dinero.
El fallo considera probado que «la encausada, con una absoluta falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, incumplió gravemente su obligación profesional de cerciorarse de la capacidad de María Teresa para otorgar testamento. No adoptó las mínimas cautelas, consistentes en la consulta con los profesionales sanitarios y la ejecución de mecanismos adecuados de comprobación». Es decir, la octogenaria no sabía lo que hacía y, en cambio, la notaria respaldó que sí era consciente.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso. Durante el proceso, la notaria defendió que sí comprobó la capacidad de esta anciana, ya fallecida. También manifestó que no sacó beneficio alguno. Tan solo los 50 euros que cobró por testamento cuyo legado, más de 12 millones en patrimonio, ha sido repartido ilegalmente entre varios beneficiarios. Uno de ellos, la madrileña Fundación Gozalbo-Marqués, de la que fue presidenta la anciana fallecida en 2013 y a la que llegaron más de seis millones.
Uno de los testimonios más demoledores durante el juicio en contra de la acusada fue el del jefe de Neurología del Hospital Aguas Vivas de Tavernes de la Valldigna. «Las capacidades cognitivas de María Teresa eran prácticamente nulas. Se hallaba en estado de respuestas mínimas. Sufría alteraciones en el nivel de conciencia, coma y estado vegetativo. Lo más que podía hacer era abrir un poquito los ojos. Un paciente en ese estado tiene una mínima conexión al medio. No tenía capacidad para otorgar testamento o resolver un problema de matemáticas de un niño de seis años», explicó en la sala. De hecho, el propio centro sanitario se presentaba como acusación particular, además de un familiar de la mujer.
«Me llamó su cuñado para que fuera para que firmara el testamento. Yo pongo lo que me pone el testador. No tengo ningún interés de por medio», defendió la encausada, para la que la Fiscalía pedía inicialmente cinco años de cárcel para la acusada. «No hablaba, pero movía los ojos y la mano, la apretaba. Movía la cabeza. Así podía atender y responder a las preguntas. Yo le leía y María Teresa asentía. No tuve ninguna duda de su capacidad», se justificaba.
No convenció a los magistrados. Consideran que su testimonio carece de fundamento y prestan credibilidad a los sanitarios que atendían a la mujer. «Se trataba de una señora con un deterioro cognitivo gravísimo, en medida suficiente para no poder firmar una serie de documentos. Al parecer había firmado documentos que no podía haber firmado», señalaba el jefe de Neurología.
